Es el sistema, ¡idiota!

No permita la Virgen... 02

Cada determinado tiempo las autoridades y los concesionarios del transporte público entran en una pantomima, cada vez más sangrona, para legitimar el alza en el precio del transporte público. Los estudiantes marchan, los patrones amenazan a los choferes, el gobierno se rasga las vestiduras, pasa el día de las elecciones y a usted y a mí que viajamos en “micro” nos atoran de lo lindo. 

La pantomima no falla ni ha fallado. Y es que en la discusión no se pone nunca en la mesa el sistema bajo el cual los choferes tienen que trabajar para alimentar a una de las peores y más anquilosadas mafias del estado.

Pero vayamos por partes.

¿Es el transporte público un derecho humano o simplemente un servicio que el Estado se ha desentendido de prestar de manera digna no sólo para sus usuarios, sino para peatones, ciclistas y automovilistas que compartimos y andamos la calle?

Debiera ser un derecho humano. El derecho a que si vivo lejos de mi trabajo o escuela pueda trasladarme hacia allá, el derecho a transitar por mi ciudad (o país, pero ese es otro cuento) para poder hacer mis cosas: entretenerme, cultivarme (que aunque no lo parezca también son derechos), ir a misa (que también es un derecho), no ir a misa sino ir a la biblioteca, ir a trabajar, estudiar, trasladarme para comer, llegar a mi casa para descansar... ir a la clínica, a la oficina gubernamental que me atiende un problema, al banco... (todos, todos derechos). Al contrario del automóvil, que tenemos derecho a comprar y usar uno, pero al que no todos tenemos acceso o nos gusta más que para largas distancias.

Si el transporte público es responsabilidad del Estado, es éste y no los concesionarios, quien debiera implementar un sistema eficiente que beneficie y vele por este derecho para toda la población, incluidos quienes no usan el transporte público y por su puesto, quienes viven de él.

Pero en la pantomima poselectoral siempre pasa lo mismo: “que ya subió la gasolina”, “que la inflación y las refacciones”, “que es carísimo mantener las unidades”, “que vamos a estudiarlo”, “que sí pero que ya capaciten a sus choferes y mantengan limpias las unidades”, “ ajá sí, pero por fis por fis, ya no dejen botados a viejitos y discapacitados”... bla, bla, bla.

El problema es el sistema, no los costos.

Si vemos con los anteojos de los derechos humanos al transporte público, entonces debe quedar muy claro que a quien menos debe beneficiar es quien ―el mundo al revés― lucra con el servicio. Pero no aquí.

El aparato de ganancias del sistema público de transporte se basa en la cuenta diaria que cada chofer debe entregar a su patrón, que se tasa dependiendo de la ruta, el día de la semana, el horario y/o la época del año.

Del dinero que entra por vuelta un porcentaje es para el chofer, de éste debe pagar gasolina, algunas refacciones, mordidas o multas, chesco, chesco de los checadores, torta y lo que queda es para mantenerse a sí y a su familia, si la tiene. Algunas rutas cuentan con seguro de vida. Pero además si la vuelta no es dada en tiempo y forma, los conductores son penalizados.

En un sistema planteado así, los choferes se someten a un estrés terrible, especialmente en las horas pico, donde lo importante es sacar la cuenta, no brindar un buen servicio, o respetar la velocidad o los lugares de ascenso y descenso, no, lo importante es alimentar la cuenta de banco del patrón.

¿Qué problemas comunes provoca este atado de ineficiencias en el transporte público? Es cosa fácil dar una lista de conflictos que se resolverían con un sistema de contrataciones y pagos de salarios, derechos laborales (sindicato, Seguro Social, Infonavit, Afore, etcétera), con vueltas programadas donde el chofer ganaría un sueldo semanal o quincenal trabajando 8 horas diarias con un día de descanso, como en cualquier empleo decente. Como dice la ley, ni más, ni menos.

Así los choferes no tendrían que ir lentísimo al arrancarla vuelta y rapidísimo al finalizar: se resuelven problemas en el tránsito, de contaminación ambiental y de puntualidad en las personas.

Si el sistema cambia, los choferes no dejarían botada a la gente por diferentes problemas: mejor dejarla esperando otra unidad porque el tiempo no le da para acabar la vuelta; las personas con una discapacidad no pagan, por lo tanto “quitan tiempo” en esta carrera neurótica; los adultos mayores pagan menos, la misma razón. 

Con vueltas programadas se evitarían problemas graves de tránsito a horas pico: sobre la 11 Sur, o la 13 Oriente-Poniente, la zona de la Capu, CU (y todos esos lugares por  donde no pasará la primera línea del metrobús) podemos ver hasta cinco unidades de una misma ruta peleando pasaje.

Asimismo, se resuelve el asunto de las “carreritas” por ganar pasaje o por rebasar para llegar a tiempo y esto rompe el círculo vicioso que hay ahora, evitando accidentes, muertes y por supuesto beneficiando la salud y calidad de vida de los choferes.

Y sí, los dueños amafiados del transporte ganarían menos dinero, pero no dejarían de ganar. Ese sería el único grupo social no tan beneficiado con un cambio en el sistema. ¿Vale la pena o no? Así hasta con gusto se paga el alto costo que de por sí pagamos.

Pues eso, el problema de fondo es el sistema impuesto para el beneficio de un grupo que usa el transporte público y no garantiza el derecho a uno digno para la población. Si a ellos no les resultara en un negocio lucrativo, pues que el Estado se haga cargo de nuevo; que concurse de nuevo las rutas, que deje de ser indolente ante los flacos favores electoreros que las mafias de concesionarios les hacen. V O L U N T A D  P O L Í T I C A. Nomás. Y escuchar tantito a los ciudadanos.

¿De veras es tan difícil tener eso? 

Publicado originalmente en Periódico Central el 12 de agosto de 2012